CORRUPCIÓN
DE FUNCIONARIOS
El fenómeno de la corrupción, en los
tiempos actuales, se ha convertido en un problema mundial de implicancias
múltiples, tanto para la economía de los países, las reglas de convivencia
social, los estilos de conducción política y practicas funcionales, como para
la moral de los pueblos.
El problema de la corrupción no es
reciente, simplemente ocurre que las condiciones actuales del escenario
político e informativo se han convertido en los desencadenantes idóneos para
destapar realidades negativas que antes permanecían soterradas o eran de
conocimiento de reducidos grupos de personas que difícilmente denunciaban, o si
lo hacían no tenían respuesta positiva de los órganos encargados de administrar
justicia.
Ante la constatación de la
existencia de la corrupción en todas las esferas de los países, los Estados no
podían seguir siendo simples observadores de este grave problema que amenaza la
estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los
valores de la democracia, la ética y la justicia y, sin duda, compromete el
desarrollo sostenible de los países y el imperio de la Ley. Es así que se han
firmado múltiples instrumentos jurídicos internacionales encaminados a prevenir
y combatir la corrupción.
Entre otros, tenemos la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los
Estados Americanos el 29 de Marzo de 1966 y vigente en el Perú desde el 04 de
Junio de 1997. En el mes de Diciembre del 2003, en la ciudad de Mérida – México
se aprobó la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
instrumento internacional que entró en vigor el 14 de Diciembre del 2005 y que
de acuerdo con el artículo 55º de la vigente Constitución Política del Estado
forma parte de nuestro derecho interno.
Se ha llegado al consenso general de
considerar que la corrupción ha dejado de ser un problema local o nacional para
erigirse en un fenómeno trasnacional que afecta a todas las sociedades y
economías. Situación que hace esencial la cooperación internacional para
prevenirla y combatirla. La prevención y la erradicación de la corrupción es
responsabilidad de todos los Estados y, en consecuencia, estos deben cooperar
entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no
pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que los
esfuerzos sean eficaces contra este flagelo mundial. Para ello, se requiere de
un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir en forma eficaz
la corrupción. Un mecanismo, y quizá el más importante, en este esfuerzo, es el
Derecho Penal, instrumento con el que cuentan los estados para reprimir los
actos de corrupción y hacer posible que mediante la prevención general negativa
y positiva de la pena, los funcionarios públicos y los particulares se
abstengan de realizar conductas corruptas y más bien se fomente una cultura de
rechazo a la corrupción.
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